República de Colombia
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Boletín de prensa 16 de agosto de 2011
EL TIEMPO
22 MIL FAMILIAS PODRÁN RECIBIR REPARACIÓN POR VÍA ADMINISTRATIVA
El Gobierno ha entregado desde 2009 más de 651 millones de pesos a víctimas que pidieron ser reparadas administrativamente.
Se girarán más de 150.000 millones de pesos a víctimas de la violencia.
Como María Cecilia Mosquera, una mujer que perdió a su esposo y a sus tres hijos y que resultó con quemaduras en varias partes de su cuerpo por la masacre de Machuca (Antioquia) -perpetrada el 18 de octubre de 1998 por guerrilleros del Eln-, más de 22.000 personas podrán reclamar durante todo este mes su indemnización como víctimas de la violencia.
Se trata del primer pago por concepto de reparación administrativa que se hace este año, y en el que Acción Social para la Presidencia entregará 150.000 millones de pesos a afectados por el conflicto armado de diferentes regiones del país.
Antioquia es el departamento que recibirá la mayor parte de los recursos. El 53 por ciento del presupuesto, es decir 79.324 millones de pesos, serán destinados a reparar a más de 12.100 personas de esta zona del país. Apartadó, Turbo y Chigorodó son los municipios con mayor número de reparaciones.
Le siguen los departamentos de Cauca, con el 14 por ciento (22.591 millones), y Cesar, con el 9 por ciento (14.173 millones).
Diego Molano, director de Acción Social, atribuyó estas cifras a que en Antioquia se concentran "todos los fenómenos de violencia: guerrillas, paramilitares, bandas criminales y delincuencia común".
"Es el departamento con mayor población afectada por la violencia, mayor número de desplazados y de homicidios", afirmó Molano.
El 76 por ciento de las reparaciones que se realizarán en todo el país será por el delito de homicidio. Se girarán 113.764 millones de pesos para más de 18.000 familias que han perdido a sus seres queridos.
Le siguen desaparición forzada (18.736 millones para cerca de 3.000 personas) y secuestro (13.411 millones para 635 personas).
Los delitos por los que menos solicitudes de reparación se reciben son reclutamiento de menores en grupos armados ilegales (44 casos) y lesiones personales que no producen incapacidad permanente (seis casos). De acuerdo con Molano, estas cifras reflejan la realidad de la sociedad colombiana.
"Me encontré con personas con una valentía impresionante, que lo perdieron todo y que han tenido que buscar la manera de salir adelante y de rehacer sus vidas", aseguró.
Y agregó: "Sabemos que un pago no recobra una vida, pero sí es una muestra de solidaridad y un avance de toda la sociedad para que estas víctimas puedan reconstruir sus vidas y haya pasos hacia la reconciliación".
Desde el 2009 se han entregado más de 651.000 millones de pesos a víctimas que pidieron ser reparadas administrativamente. Este año se tiene previsto girar 500.000 millones de pesos.
¿De qué se trata?
En esto consiste la reparación administrativa
Mediante el Decreto 1290 del 2008 se creó el Programa de Reparación Individual por vía Administrativa para las víctimas de los grupos armados ilegales, a cargo de Acción Social para la Presidencia.
Establece la indemnización a víctimas de delitos de homicidio, desaparición forzada, secuestro, lesiones personales y psicológicas, con y sin incapacidad permanente, tortura, delitos contra la libertad e integridad sexual, reclutamiento de menores y desplazamiento forzado. Y determina un tope de reparación no mayor de 40 salarios mínimos.
JUDICATURA REVERSA NOMBRAMIENTO DE MAGISTRADOS AUXILIARES
La Corte Constitucional había pedido al tribunal que aclarara la creación de 33 nuevos cargos.
Según Ricardo Monroy Church, vicepresidente de ese tribunal, desde el 13 de julio está suspendido el acuerdo que creaba 33 cargos provisionales para la Sala Disciplinaria.
La Sala Disciplinaria consideró oportuno reconsiderar los nombramientos hasta tanto se analicen las nuevas facultades que le otorgó el Estatuto Anticorrupción al Consejo Superior de la Judicatura.
La creación de los nuevos cargos fue justificada por ese tribunal como una medida necesaria para atender la congestión de los procesos disciplinarios contra jueces fiscales y abogados.
Sin embargo, la Corte Constitucional cuestionó la medida y, en una carta, el presidente de ese tribunal, el magistrado Juan Carlos Henao, pidió explicaciones.
En el acuerdo, firmado el 30 de junio, aparece el nombramiento de 13 magistrados auxiliares, 13 profesionales y 7 funcionarios de apoyo. Estos cargos apenas fueron creados y aún no han sido llenados, aclaró Angelino Lizcano, el presidente de la Judicatura.
'REFORMA A LA JUSTICIA ES, EN GENERAL, POSITIVA'':CORTE CONSTITUCIONAL
Juan Carlos Henao, actual cabeza del alto tribunal constitucional, es considerado uno de los magistrados más progresistas de esa institución.
Juan Carlos Henao, presidente de dicha institución, habló con Yamid Amat.
El presidente de la Corte Constitucional, magistrado Juan Carlos Henao, dice que, en general, el proyecto de reforma de la justicia que le presentó el Gobierno al Congreso "es positivo" y que muestra el interés real del Gobierno en la Justicia.
Se declara partidario de cambiar el sistema de elección de los magistrados del Consejo Superior de la Judicatura, y considera "sensata" la propuesta de que sean elegidos por las cortes. Dice que no es buena la injerencia política. No toma partido sobre si se debe eliminar o reformar ese organismo.
¿A usted cómo le parece la resurrección del Ministerio de Justicia?
Muy positiva porque la Rama Judicial va a tener un interlocutor mucho más directo y esto permitirá una definición estudiada de todo lo que tiene que ver con el sector Justicia, que no es exclusivamente de la Rama Judicial. Además, que sea el doctor Juan Carlos Esguerra es un gran acierto, por su hoja de vida impecable, sus grandes conocimientos y su formidable ilustración académica.
¿Cuáles serán los primeros asuntos que tratarán con él?
El gran tema es la reforma de la Justicia.
¿Cuál es su opinión sobre el proyecto del Consejo de Estado?
Sobre los temas específicos de la reforma no me pronuncio porque la reforma llegará a control de constitucionalidad y en la Corte Constitucional no podemos ser juez y parte. Por ese motivo, la Corte decidió desde el comienzo no participar en las mesas que hace más de un año se conformaron para el estudio de la reforma. En consecuencia, solo puedo referirme al tema en términos generales.
La Corte Constitucional ha dicho que es indispensable una doble instancia para juzgamiento y condena. Y sobre este punto trata una de las propuestas del Consejo de Estado...
Sobre la propuesta, no opino. Sobre la doble instancia, creo que el concepto es democrático, es sano; es un derecho que deben tener las personas pero, al mismo tiempo, es algo que se puede restringir en determinadas ocasiones.
¿En qué sentido?
El estándar internacional ordena la división entre investigación y juzgamiento y sugiere que el tema de la segunda instancia sea conforme a la normativa interna.
¿Pero usted considera que hoy existe la doble instancia en la Corte Suprema?
Existe una división entre las funciones de instrucción y de juzgamiento por parte de la Corte. Las salas son diferentes.
Pero la Sala Penal investiga y la Sala Penal falla.
Sí, pero los jueces son distintos. Unos instruyen y otros fallan.
Tanto la Corte Suprema como el Consejo de Estado rechazan que la Corte Constitucional sea tribunal de cierre para fallos de tutela y no aceptan que la Constitucional falle tutelas contra sentencias de otras cortes. ¿Cuál es su opinión?
Una de las funciones más importantes de la Corte Constitucional es la de ser la última palabra en la protección de derechos constitucionales fundamentales que se ejercen por vía de tutela. En ese sentido, la jurisprudencia de la Corte es reiterada, pero prudente. No se trata de anular constantemente sentencias de otras cortes pero, en términos de cláusulas de cierre de derechos constitucionales fundamentales, dice la Carta, la Corte Constitucional es tribunal de cierre.
¿Usted considera conveniente que exista un tribunal de cierre?
Es conveniente que en derechos constitucionales fundamentales, y salvaguardando competencias de las altas cortes, exista una corte de cierre para que unifique jurisprudencia y genere seguridad jurídica en el país, que es lo importante.
¿Le gustó el proyecto de reforma de la justicia del Gobierno?
Sí. En general, es un proyecto positivo. Tiene elementos polémicos que discutirá el Congreso, pero muestra un interés real del Gobierno por el sector Justicia.
¿No hay un enfrentamiento entre cortes y Gobierno por la reforma?
No, señor. No es fácil llegar a un texto único en temas tan complejos. No sé si la Corte Suprema piensa también presentar el suyo, pero en una corporación donde hay 28 o 31 miembros principales y más de 50 auxiliares, llegar a un punto de consenso sobre temas tan polémicos no es un tema fácil. Bienvenido el proyecto del Consejo de Estado, y ojalá lo haga también la Corte Suprema.
El presidente Santos dijo: el proyecto del Gobierno no está escrito sobre piedra, frente a la reforma de la justicia. ¿Usted está de acuerdo con esa posición?
Totalmente, y es en el Congreso donde debe debatirse.
¿El Consejo Superior de la Judicatura debe ser eliminado, como propone el Gobierno, o reformado, como propone el Consejo de Estado?
Continúe o no el Consejo Superior de la Judicatura, lo importante es garantizar la autonomía judicial; el Gobierno ha dicho que ese es su punto de partida. Un factor importante dentro de esa política de autonomía es la administración de los recursos, porque es fácil decir que eres "independiente y autónomo", pero difícil serlo si te ordenan todo lo que tienes que hacer en lo administrativo.
¿Está de acuerdo con la propuesta del Consejo de Estado de mantener el Consejo de la Judicatura pero que sus magistrados no los elija el Congreso?
Ese debate es sano. La institución encargada de administrar los recursos de la Justicia y de disciplinar a los jueces, como lo es hoy el Consejo Superior de la Judicatura, debe ser absolutamente ajena al poder político.
¿Está de acuerdo con que sus miembros los elijan las cortes?
Es una posición sensata. Cuanto menos injerencia política haya en la elección de jueces, mayor independencia judicial se adquiere para la rama.
En su proyecto, el Gobierno elimina la intervención de las cortes en la elección de Procurador y Contralor. Conserva que la elección de Fiscal la siga realizando la Corte Suprema, de terna del Presidente. ¿No es bueno quitarles a las cortes su facultad de nominación para no politizarlas?
No es verdad que esas nominaciones o elecciones politicen las cortes. No hay componendas políticas, ni factores que pongan en riesgo la objetividad de los magistrados. Por ejemplo, en la terna pasada para Contralor, el candidato de la Corte Constitucional fue el doctor Alberto Rojas y no la doctora Sandra Morelli, quien fue la elegida.
Si es bueno quitarles a las cortes facultades que las conduzcan al riesgo de politizarse, ¿no está bien despojarlas de la condición de nominar o elegir?
No necesariamente lo veo negativo.
¿No es contradictoria su posición?
No, porque la Rama Judicial juega un papel autónomo, independiente, y debe colaborar en la función de elección de personas que tienen que ver con los poderes de control. Y no es contradictorio respecto a que estoy de acuerdo con que el origen del Consejo de la Judicatura no sea exclusivamente político, como ha ocurrido, porque cuando el Congreso elige a magistrados de la Sala Disciplinaria del Consejo de la Judicatura, esa es una intrusión que puede generar problemas a la independencia de la rama.
El Gobierno ha dicho que propone la eliminación del Consejo Superior de la Judicatura, porque han sido los mismos magistrados de las altas cortes quienes lo han criticado. ¿Usted es partidario de acabarlo o de reformarlo?
Creo que una reforma de la elección de sus miembros, en efecto, impediría las críticas que se están haciendo. Lo digo con independencia de que el Consejo Superior de la Judicatura se conserve o no. Si usted analiza la problemática que ha surgido, es básicamente por el sistema de elección. Me parece que el actual sistema genera vínculos muy estrechos entre los miembros de una corporación y de otra. La idea de que quienes lo conformen sean elegidos por las cortes es una posición sensata para estudio.
Choque de trenes, producto mediático
Esa presentación de enfrentamiento radical 'no corresponde a la realidad'
¿Si el proyecto de reforma de la Justicia del Consejo de Estado llegara a ser aprobado, de todas maneras será revisado por ustedes?
Evidentemente, porque sería una reforma constitucional.
¿Existe el riesgo de un choque de trenes entre las cortes?
Ese nombre es más un producto mediático que una realidad. Le puedo dar fe de que la relación entre todas las cortes es armónica. La función que han hecho en eso los medios de comunicación es negativa, y se lo digo de frente.
¿Por qué dice eso?
Mire: cuando se produce una anulación por parte de la Corte Constitucional de alguna sentencia, que es casi nunca, los medios forman un escándalo. De más de 10 mil sentencias, la anulación pasará con 3 o 4. Y eso se vuelve festín de los medios. Los fallos de la Corte Constitucional contra sentencias judiciales de las altas cortes son absolutamente excepcionales.
Pero, aun cuando usted lo llama invento mediático, es un hecho que la Corte Suprema no acepta fallos de la Constitucional contra sus sentencias.
Esa presentación de choque de trenes, de calamidad, de enfrentamiento radical, no corresponde a la realidad.
¿Pero la Corte Constitucional acaso no es tribunal de cierre?
En derechos constitucionales y fundamentales, sí, y respetando la autonomía de los otros puntos de cierre en lo civil y en lo contencioso administrativo.
¿Y usted cree que eso se debe mantener? Es decir, ¿está de acuerdo con la propuesta del Gobierno de mantener la Corte Constitucional como órgano de cierre?
Creo que eso ha funcionado correctamente, que la Corte Constitucional ha sido muy prudente en las decisiones que ha tomado. Será al Congreso el que dirá la última palabra.
LA PENSIÓN FAMILIAR ESTÁ A DOS PASOS DE VOLVERSE LEY DE LA REPÚBLICA
Iniciativa, a la que le quedan dos debates en Cámara, permitiría sumar los aportes de los cónyuges.
Después de haber cumplido dos debates en el Senado, el proyecto de ley pensión familiar quedó ahora en manos de la Cámara de Representantes.
Esa iniciativa permite sumar las semanas cotizadas o los aportes a los fondos de pensiones por los cónyuges o compañeros permanentes -que individualmente no logran reunir los requisitos para pensionarse- y acceder a la jubilación conjunta.
Uno de sus gestores, el senador Jorge Ballesteros, del Partido de la U, señaló que la falta de un reconocimiento global de pensión para la familia está afectando el anhelo de todo trabajador de gozar de una jubilación y poder hacer frente a la vejez.
Muchos afiliados al régimen de prima media, como el del Seguro Social, cumplen la edad para pensionarse, pero no el número de semanas exigido (1.200 en el 2011), caso en el cual les devuelven los aportes; lo mismo sucede en las administradoras privadas (AFP) cuando no reúnen el capital que les garantice pensionarse siquiera con el equivalente al salario mínimo.
Así, entre el 2004 y el 2010, el Seguro Social reconoció 202.746 indemnizaciones sustitutivas (devolución de aportes) por 606.756 millones de pesos; en el mismo periodo, las seis AFP devolvieron más de un billón de pesos.
Ballesteros dijo que al aprobarse la iniciativa se va a ampliar el marco de la protección social de los hogares colombianos, se garantiza mayor cobertura del sistema pensional y brinda a las personas mayores la posibilidad de una vida digna al retirarse.
No obstante, hay quienes, a pesar de que ven con buenos ojos el proyecto, llaman a un debate juicioso para no ahondar los problemas que causan la baja cobertura del sistema y que la iniciativa no corrige.
Ese es el temor expresado por la directora y el subdirector de la Cámara de Riesgos Profesionales y Seguridad Social de Fasecolda, María Isabel Posada y Christian Mora, respectivamente, que piden que el texto que finalmente se apruebe no desincentive la cotización.
Igualmente, señalan que es necesario buscar que quienes accedan a la pensión familiar sean quienes realmente, después de un esfuerzo comprobado por cotizar, no logran cumplir los requisitos. Los expertos también llamaron a la cautela para no aumentar el pasivo pensional a cargo del Estado.
'EL CONGRESO NO PUEDE LEGISLAR CONTRA UNIÓN GAY': PRESIDENTE DE CORTE
Henao asegura que la decisión de la Corte busca equiparar en derechos a todas las parejas.
Juan Carlos Henao exhorta al Congreso para eliminar déficit de protección a parejas del mismo sexo.
En el tema de la legalización de la unión entre personas homosexuales, el presidente de la Corte Constitucional, magistrado Juan Carlos Henao, aclara que la alta corporación no le dio facultades al Congreso para legislar como desee, sino para que "elimine el déficit de protección constitucional de las parejas del mismo sexo". Queda claro que se trata de facilitar, no de restringir o prohibir.
Hubo una gran atención nacional sobre el fallo que ustedes produjeron en torno al matrimonio civil de parejas del mismo sexo. ¿Qué ocurre si el Congreso no legisla sobre el tema?
Que las personas que conforman parejas del mismo sexo podrán presentarse ante notario o ante juez para formalizar el vínculo contractual al que tienen derecho.
¿Automáticamente nace ese derecho?
El 20 de junio del 2013, si el Congreso no ha legislado, las parejas del mismo sexo podrán acudir ante notarios y pedir una unión legal. Por ahora, la Corte decidió llamarla "vínculo contractual solemne", a la espera de que el Congreso legisle. El fallo se debe a que la Corte encontró un déficit de protección constitucional a las parejas del mismo sexo.
Dé un ejemplo de lo que llama 'déficit de protección'...
Si usted y yo somos del mismo sexo y tenemos una relación de hecho y usted fallece, yo ni siquiera puedo pedir tres días de calamidad doméstica. Hay una serie de vacíos como los de este ejemplo. Eso es lo que la Corte llama "déficit de protección constitucional". Conscientes de que esto debe ser debatido en el foro democrático del Congreso, se estimó que es allá donde se debe hacer una ley sistemática, organizada y coherente, que regule todo lo que tiene que ver con las parejas del mismo sexo, lo cual no existe por ahora. Hoy, la protección constitucional no se da de la misma manera para parejas heterosexuales y homosexuales. La Corte le da al Congreso un término de dos años para que legisle, pero con una intención: que se supere ese déficit.
Es decir, ¿el Congreso no puede legislar en sentido contrario?
No, no, no. Eso iría contra el espíritu de la decisión y contra lo dispuesto por la Corte Constitucional.
¿Y si el Congreso decide negar el derecho que tienen las parejas del mismo sexo a un vínculo contractual civil?
Cómo se llamaría este vínculo será un problema que decidirá el Congreso.
Pero usted acaba de decir que no se le dieron facultades para que sigan desconociendo los derechos de los homosexuales. ¿Qué pasa si el Congreso llega a mantener ese desconocimiento y no aprueba el vínculo?
Eso, en principio, no sería constitucional.
Porque eso no fue lo que ustedes le pidieron al Congreso. ¿Es así?
La parte resolutiva dice que se envía al Congreso con la finalidad de que se supere el déficit de protección constitucional. Ahí es donde usted se da cuenta de que la Corte sí toma partido, y toma partido a favor de incrementar la similitud entre parejas heterosexuales y parejas homosexuales. El mensaje es muy claro al Congreso de la República, es decir que no podría incrementar la desprotección.
Lo que la Corte ha dejado en claro es que las parejas homosexuales no tienen los derechos reconocidos por la Constitución que deberían tener...
Es correcto. Ese es el déficit de protección constitucional que halló la Corte.
¿Y como ustedes no pueden legislar le han pedido al Congreso que legisle creando un equilibrio de derechos?
Exactamente. De eso se trata. Es un caso, si se quiere, emblemático, de la Corte defendiendo los principios constitucionales de la dignidad humana. Las parejas homosexuales tienen una dignidad humana que no se puede desconocer porque sería desconocer abiertamente la Constitución. Por otro lado, y ahí es donde está la sabiduría del fallo de la Corte, como es un tema social, un tema de controversia, de posturas antagónicas, debe ir al foro democrático que es el Congreso, pero para conciliar principios constitucionales que ya se encuentran vulnerados, con el objetivo de que se subsane esa situación, no que se agrave. La Corte es enfática y clara en reconocer que las personas homosexuales tienen derechos constitucionales, que se les deben reconocer claramente.
Entre otros, ¿el derecho al matrimonio?
Ahí es donde está el asunto. Dijimos que el Congreso de la República le coloque el nombre que quiera. Si el 20 de junio del 2013 no existe ese nombre, se llamará "vínculo contractual solemne".
¿Ese es el derecho que la Corte reconoce a las personas homosexuales a conformar una familia?
Sí, pero es que una familia no se conforma necesariamente con el matrimonio; existe, por ejemplo, la unión marital de hecho. La filosofía del fallo es que debe desaparecer ese déficit de protección constitucional en el que se encuentran las parejas del mismo sexo. La Constitución no permite que exista ese tipo de insuficiencia en contra de la persona del mismo sexo porque es discriminatorio.
¿El congreso también deberá legislar sobre la adopción?
Lo podría hacer, pero el tema de la adopción no fue tocado en la sentencia; eso será objeto de pronunciamiento en uno o dos meses por parte de la Corte Constitucional, pero no vía constitucional sino vía tutela.
¿Y eso por qué?
Se trata de un caso concreto de dos mujeres que son pareja. Una de ellas, en acuerdo con la otra, se inseminó y tuvo una bebé, y su compañera, con quien vive la madre natural de la bebé, solicitó adopción y le fue negada por ser homosexual.
¿Le fue negada por quién?
Por Bienestar Familiar. Las dos presentaron tutela y eso es lo que está en estudio de la Corte Constitucional.
¿Y cuál es su opinión?
Ninguna.
Pero si usted está diciendo que la Corte Constitucional reconoce una igualdad de derechos. Si la adopción es un derecho básico de la gente heterosexual, ¿no lo es también de la gente homosexual?
Soy más claro: tengo opinión, pero no se la puedo hacer pública. En su momento, se decidirá. Cuando lo haga, informaré sobre la decisión que la Corte tomó. Entonces le contaré la mía.
El 'extraño' aumento de magistrados en la Judicatura
La Corte acaba de dirigir un mensaje al presidente de la Sala Administrativa del Consejo Superior de la Judicatura, Alfredo Escobar, pidiéndole explicación sobre la creación de 33 cargos. ¿Qué fue lo que originó esa alarma?
Solicitamos los criterios que se habían tenido para crear esos cargos. No había explicación suficiente en el mismo acto administrativo por el cual se creaban. Es que estamos hablando de la creación de cargos de magistrados auxiliares, con altísimos sueldos, más profesionales universitarios.
¿Tienen alguna sospecha?
No. Extrañeza, y así lo dice la carta: que es extraño ese incremento abrupto del número de magistrados auxiliares para los miembros de la Sala Disciplinaria.
Pero también se crearon para las otras Cortes...
No en esa dimensión. De lo que se trata es de que se socialicen esos criterios. Hasta donde tengo entendido, en ninguna otra Corte se ha presentado un incremento tan sustancial de los niveles de magistrados auxiliares, uno de los cargos más altos que existen en la rama judicial.
¿Es cierto que magistrados de la Judicatura están pidiendo a parlamentarios candidatos a los cargos recién creados, como forma de apoyo en el Congreso para mantener el Consejo Superior de la Judicatura?
No lo sé. Pero lo que sí puedo decir enfáticamente es que si eso fuera así, y repito, no lo sé, sería incorrecto. Usted no puede utilizar los cargos de las funciones públicas para efectos de satisfacer intereses personales.
¿No fue esa duda lo que originó el mensaje de la Corte?
No. Lo que la Corte pide es socializar.
El ex presidente Uribe dijo que 'no descartaría la hipótesis de una venganza criminal contra su gobierno', al referirse a detenciones y cargos contra altos funcionarios de su gobierno. ¿Hay una venganza de la justicia contra él?
No, para nada. Y en eso soy enfático en responder: yo tengo la certeza de que las Cortes están cumpliendo con su deber. Se están desempeñando dentro de un Estado de Derecho. Están otorgando garantías y posibilidades de recursos, y el sistema jurídico está operando plenamente para unos y para otros. No se podría afirmar que existe un espíritu de venganza de parte de las Cortes, de ninguna de las Cortes contra X, Y o Z persona, porque eso sería descalificar la función judicial, que jamás se puede sustentar sobre la venganza. No creo que constituyan venganza procedimientos judiciales a los cuales está sujeto cualquier ciudadano colombiano y que se tramitan por los canales institucionales, por los canales jurídicos correctos.
JUDICATURA REVERSA NOMBRAMIENTO DE MAGISTRADOS AUXILIARES
La Corte Constitucional había pedido al tribunal que aclarara la creación de 33 nuevos cargos.
Según Ricardo Monroy Church, vicepresidente de ese tribunal, desde el 13 de julio está suspendido el acuerdo que creaba 33 cargos provisionales para la Sala Disciplinaria.
La Sala Disciplinaria consideró oportuno reconsiderar los nombramientos hasta tanto se analicen las nuevas facultades que le otorgó el Estatuto Anticorrupción al Consejo Superior de la Judicatura.
La creación de los nuevos cargos fue justificada por ese tribunal como una medida necesaria para atender la congestión de los procesos disciplinarios contra jueces fiscales y abogados.
Sin embargo, la Corte Constitucional cuestionó la medida y, en una carta, el presidente de ese tribunal, el magistrado Juan Carlos Henao, pidió explicaciones.
En el acuerdo, firmado el 30 de junio, aparece el nombramiento de 13 magistrados auxiliares, 13 profesionales y 7 funcionarios de apoyo. Estos cargos apenas fueron creados y aún no han sido llenados, aclaró Angelino Lizcano, el presidente de la Judicatura.
El hecho se suma al escándalo de comienzos de año por el supuesto 'carrusel' de nombramientos de magistrados auxiliares en la Judicatura y los polémicos nombramientos de Marina Escobar -hermana del magistrado José Alfredo Escobar Araújo-, que trabaja con la magistrada Julia Emma Garzón. En el despacho de Escobar, a su vez, está una sobrina de Garzón.
EL ESPECTADOR
PARTIDO DE SANTOS PROMETE A LAS CORTES NO 'PUPITREAR' REFORMA A LA JUSTICIA
A título personal, Juan Lozano, presidente de La U, mostró desde ahora algunos puntos en los cuales está en desacuerdo con el proyecto presentado por el Gobierno.
El senador Juan Lozano, presidente de La U, prometió a las Cortes darle un trámite serio a la reforma a la justicia.
El partido del presidente Juan Manuel Santos, La U, prometió este viernes a las Altas Corte que no va a ‘pupitrear’ o ‘ferrocarrilear’ el proyecto de reforma a la justicia que está en trámite en el Congreso.
En medio del agudo debate entre todas las partes y con tres proyectos de actos legislativo alrededor de la rama judicial –el del Gobierno, del Consejo de Estado, y de la Comisión de Acusaciones–, desde la unidad nacional, el senador Juan Lozano Ramírez, anunció plenas garantías para la discusión de las ideas de las Altas Cortes.
El legislador dijo que “pueden tener total certeza las Cortes que La U no va a aceptar que se intente ‘pupitrear’ el proyecto, toda vez que éste requiere de todo el detenimiento y serenidad en su análisis”.
“El tamaño inmenso y la fortaleza de la coalición no pueden generar preocupación a la hora de analizar la reforma porque entre más grande la bancada de Gobierno, más responsable tiene que ser a la hora de tramitar y aprobar los proyectos importantes”, recalcó.
Lozano consideró que se debe abrir el espacio para escuchar las opiniones de las Cortes y “no se aceptará” ningún tipo de presión para correr con la reforma.
Aunque aún no se ha sentado formalmente posición de La U, a título personal, el senador dijo que hay temas del proyecto del Gobierno que considera deben ser revisados.
Uno de esos temas mencionados por Lozano es la independencia de la rama judicial, la cual según él, debe ser analizada con más detenimiento.
La discusión del proyecto iniciará el próximo 23 de agosto en la comisión primera del Senado.
ARREMETIDA LIBERAL CONTRA CONSULTA SOBRE MATRIMONIO GAY Y ABORTO
Critican al Partido Conservador por buscar penalizar toda practica de abortando, recordándoles que muchas mujeres son abusadas en medio del conflicto.
El representante Guillermo Rivera criticó la idea conservadora de la consulta sobre matrimonio gay y aborto.
Las críticas no se hicieron esperar de parte del Partido Liberal al conocer que su histórico opositor, el Partido Conservador, pretende que sean consultados los colombianos si están de acuerdo con la penalización del aborto y el matrimonio gay en Colombia.
Luego de que el representante David Barguil, vocero del Partido Conservador, anunciara que la intención ‘azul’ es que en las elecciones de octubre les sea preguntado a los colombianos si están o no de acuerdo con esa iniciativa, su homólogo liberal, Guillermo Rivera Floréz, fue severo a la hora de calificar esa idea.
“Consultar al pueblo sobre matrimonio gay es dejar en manos de mayorías derechos de las minorías”, aseguró el legislador.
Para los liberales la consulta popular planteada por los conservadores “seria como consultar al pueblo colombiano si deben sguir siendo reconocidas por la ley las minorías étnicas”.
Además, según Rivera, “los derechos no se consultan al pueblo, se garantizan”.
Y fue más allá al recordarles las mujeres que han sido violadas en medio del conflicto: "agresiones sexuales contra mujer en medio del conflicto son considerados crímenes contra la humanidad, según el estatuto penal internacional de roma, y aún así el Partido Conservador propone penalizar el aborto cuando el embarazo sea el resultado de una violación sexual".
La idea azul
Los miembros de la bancada conservadora de la Cámara de Representantes solicitarán al Consejo Nacional Electoral que autorice la inclusión de dos papeletas en las próximas elecciones de octubre, con el fin de consultar la opinión de los colombianos frente a la penalización del aborto y del matrimonio entre parejas del mismo sexo.
Los legisladores consideran que es necesario que el Congreso de la República reciba la legitimación de cada uno de los colombianos que, de acuerdo con su conciencia y convicciones morales y éticas, se muestren a favor o en contra de la transformación de elementos fundantes de la sociedad, como lo son la vida y la familia.
“Esta sería la mejor forma en la que se podría tomar una determinación como Estado y como Nación, dado que armonizaría nuestro actuar legislativo con la expresión voluntaria de cada uno de nuestros compatriotas”, indicó el representante David Barguil, vocero del PartidoConservador.
En consecuencia, se solicitará a la máxima autoridad electoral se autorice la inclusión este 30 de octubre de dos papeletas mediante las cuales se manifieste la voluntad sobre los temas referidos.
SÍ ESTÁN VIGENTES NUEVOS CARGOS EN JUDICATURA: MAGISTRADO ESCOBAR
El vicepresidente de la corporación había manifestado que el tema se encontraba en revisión y que la decisión estaba suspendida.
Suspendidos nuevos nombramientos en Judicatura
José Alfredo Escobar Araújo, presidente de la Sala Administrativa del Consejo Superior de la Judicatura, aclaró que sí está vigente el acuerdo a través del cual se aprobó la incorporación de 33 nuevos funcionarios en la Sala Disciplinaria de la Corporación.
El magistrado no solo respondió al llamado del presidente de la Corte Constitucional, Juan Carlos Henao, en torno a la justificación de la medida, sino que le salió al paso a las declaraciones del vicepresidente de la Judicatura, Ricardo Monroy, quien había señalado que la vigencia del acuerdo estaba suspendida.
“(…)En el acuerdo PSAA11-8294 de 2011 se adoptaron medidas complementarias que se encuentran vigentes y corresponde a la autoridad nominadora, implementarlo y ponerlo en ejecución”, señala la Sala Administrativa.
A través de la determinación, la Sala Administrativa había adoptado un plan de descongestión que contemplaba la incorporación de 13 nuevos magistrados auxiliares en la Sala Disciplinaria, entre otros funcionarios, lo que generó reacciones dentro de la misma Rama Judicial que, a través de algunos de sus representantes, exigía la justificación de la medida, por considerarla desequilibrada para con otras jurisdicciones, en materia de descongestión.
El magistrado José Alfredo Escobar Araújo aclaró que “medidas similares, de la misma naturaleza, fueron aprobadas a la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia, en época anterior y es completamente legal, de conformidad con las facultades constitucionales que tiene su corporación”.
El jurista trata de explicar así por qué él, como presidente de la Sala Administrativa, suscribió el acuerdo para la incorporación de nuevos funcionarios en la Sala Disciplinaria y no cada uno de los despachos individualmente.
MACROLINGOTES
Por: Óscar Alarcón
Grave, pero muy grave, que el presidente del Directorio Nacional Conservador, José Darío Salazar, el defensor del proyecto de ley que pretende deslegitimar los abortos legalizados por la Corte Constitucional y el que busca evitar que se legisle sobre los matrimonios de parejas del mismo sexo, sea el mismo que logró que a un pariente suyo la Dirección Nacional de Estupefacientes le adjudicara la administración de un motel en Cali que fue del narcotraficante Hélmer Pacho Herrera.
¡A lo que hemos llegado! Que el adalid de la moral pública, como anotaba María Elvira Bonilla en reciente columna, sea la misma persona interesada en esos mismos establecimientos en donde los clientes son conocidos de autos, eso no tiene explicación y significa que tiene rabo de paja. O mejor, tiene rancho de paja. Y, en una frase de cajón, es un negociante de cementerios administrando la funeraria.
Desaparece finalmente el Consejo Nacional de Televisión y con él un parágrafo que a última hora hizo incluir el sindicato del también desaparecido Inravisión y que era insólito que estuviera en una Constitución: “Se garantizarán y respetarán la estabilidad y derecho de los trabajadores de Inravisión”. Una Constitución está para eso, para garantizar y respetar los derechos de sus habitantes. Sobraba que se incluyera, pero los de ese sindicato, previendo que la creación del nuevo organismo los mandara por entre un canal, lograron que se incluyera y permaneciera durante veinte años en el artículo 77, a pesar de que no existía Inravisión y tampoco sindicato. ¿Y cómo lo consiguieron? Muy fácil. Ellos fueron quienes durante cinco meses transmitieron la “voz e imagen de los constituyentes”. Le resultó sencillo. Por eso al Instituto Nacional de Radio y Televisión algunos le decían Inri, porque a todos nos tenía crucificados.
ABORTO
Por: J. William Pearl
En los casos que lo permite la Sentencia de la Honorable Corte Constitucional (Violación, malformación del feto, cuando el embarazo ponga en riesgo a la madre).
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Una mujer puede hacer lo que quiera con su cuerpo, pero no con un cuerpo ajeno. Es decir, los fetos crecen dentro de las mujeres y que hagan con su cuerpo lo que quieran pero si otro cuerpo esta dentro de ellas, la decisión no es de ellas, la vida no de ellas, son dos corazones en un solo cuerpo. ¿Fácil decirlo por que soy hombre? No, es lo que pienso y lo que creo, si el cuerpo estuviera dentro de los hombres pensaría igual. No creo que ese sea un tema de respeto a la mujer (que se debe tener siempre) es un tema de respeto al que no puede hablar y le toco estar en cuerpo ajeno. En ese cuerpo crece, se desarrolla y nace.
Si las mujeres quieren que se les respete, yo creo que deberían dar ejemplo de tolerancia y respeto con los demás, especialmente con quienes no puedan hablar; si uno pide respeto, respetar la vida de los otros es el camino para empezar. Yo creo que un niño no deseado puede ser algo terrible, pero ese no es el tema, el tema es que uno puede disponer de su vida, pero no de la de otros. Y ese es el punto, si en Colombia no se debe matar a una persona, o es ilegal ¿por qué sí puede ser legal matar a alguien que está en otro cuerpo? El debate es amplio y puede tener aristas; leyendo esto muchos pensarán que soy conservador de pensamiento; tan no lo soy que pienso así, es el respeto en lo que creo, no en la imposición. No creo que uno pueda disponer de las vidas ajenas.
Según un estudio de Profamilia del 2000, nacen al año un millón de bebes vivos de los cuales el 23 por ciento es no deseado y hay 400 mil abortos al año; eso habla de 630 mil embarazos no deseados. La cifra es muy alta y debe crecer aun más año por año, pero eso no es excusa para que el aborto sea legal. Se debe invertir más en educación y en dar a las mujeres un método de planificación pagable. Hay quienes digan que no tenemos el dinero suficiente para pagar una campaña permanente y están en lo cierto, pero eso no puede ser excusa para pasar una ley por encima de quienes no se pueden defender.
Esto no tiene nada que ver con religión ni con creencias; allá los curas que deben dar ejemplo, es lo que creo que debe ser un estado de derecho, respeto para todos y sobre todo darle voz a los que aun no la tienen. Defensa a quien no la tiene, o no puede aun defenderse.
Existen muchos métodos de planificación, el condón, las pastillas, en fin, entiendo que no todos los usan y para muchos es muy costoso el planificar y eso es muy claro, pero no puede ser excusa para el aborto. Que en los países más civilizados existe el aborto, que es legal etc. Allá esos países, si no tienen en cuenta a los que no pueden hablar y defenderse antes de morir. El ejemplo no siempre es bueno.
Si tenemos este debate es porque nuestros padres no nos abortaron y podemos pensar una cosa u otra, pero estamos vivos y podemos hablar, los abortados no lo pueden hacer.
EL NUEVO SIGLO
DOS AÑOS Y NADA QUE ELIGEN GERENTE JUDICIAL
Hace dos años inició el fallido proceso de elección del director ejecutivo de la Rama Judicial, encargado de manejar el presupuesto de la justicia. Hoy se reunirá de nuevo la Sala Administrativa del Consejo Superior de la Judicatura a estudiar la terna enviada hace un mes por la Comisión Interinstitucional de la Rama Judicial.
Los integrantes de la terna son Martha Catalina Velasco Campuzano, Diógenes Villa Delgado y Sandra Lisset Ibarra Vélez, quienes ya fueron entrevistados por la Sala Administrativa.
Esta es la tercera vez que la Comisión Interinstitucional de la Rama Judicial, integrada por los presidentes de las altas Cortes, el Fiscal General y un representante de los funcionarios y trabajadores judiciales, hace la terna, pues hace dos meses la Corte Constitucional le ordenó a la Comisión, rehacer la terna, al revisar una tutela, interpuesta por uno de los participantes en el concurso que abrió el Consejo Superior de la Judicatura para adelantar la elección del gerente de la Rama, alegando que los escogidos para integrar la terna no cumplían con los requisitos exigidos en la ley.
Antes que la alta Corte avocara el conocimiento de dicha tutela, la Sala Jurisdiccional Disci
Al poco tiempo, la Comisión Interinstitucional, con algunas demoras, diseñó una nueva terna y la envió a la Sala Administrativa del Consejo Superior de la Judicatura.
Sin embargo, a mediados de diciembre pasado, cuando la Corte Constitucional avocó la revisión de la tutela en mención, la Sala Administrativa tuvo que detener el proceso de elección, hasta hoy.
Para dar cumplimiento al fallo, el dos de junio pasado, la Comisión abrió la convocatoria para todos aquellos que estuvieran interesados en desempeñar la Dirección Ejecutiva de la Rama Judicial.
La controversia en la elección del gerente inició a finales del 2009 cuando la Sala Administrativa se opuso a votar por la terna original al presentar objeciones contra las calificaciones de los postulados.
CONGRESO RETOMA DEBATE SOBRE CADENA PERPETUA
Algunos consideran que el referendo tiene las horas contadas.
Para discutir sobre el proyecto de ley número 260 de 2011 Cámara – 206 de 2010 Senado, “por medio de la cual se convoca a un referendo constitucional y se somete a consideración del pueblo un proyecto de reforma constitucional” acerca de la prisión perpetua a violadores de niños, la representante Adriana Franco, del Partido Liberal, presidenta de la Comisión Primera de la Cámara, convocó para este jueves una audiencia pública.
Los ponentes de la iniciativa son Alfonso Prada, del Partido Verde, que coordina el grupo, Germán Navas, del Polo Democrático; Humphrey Roa, del Partido Conservador; Pablo Enrique Salamanca, del Partido Liberal; Rosmery Martínez, de Cambio Radical; Fernando de la Peña, del Partido de integración Nacional (PIN); José Rodolfo Pérez, de Apertura Liberal; y Carlos Edward Osorio, del Partido Social de Unidad Nacional (La U).
El debate será retomado por el Congreso apenas unos días después de que se registrara la polémica entre la autora del proyecto, la senadora Gilma Jiménez, del Partido Verde, y la Comisión Asesora para el Diseño de la Política Criminal del Estado, luego de que ese órgano le recomendara al Ejecutivo no seguir respaldando el trámite de la propuesta.
A juicio de la Comisión, la iniciativa podrá cursar su trámite positivamente en la Cámara, pero fracasará en la Corte Constitucional porque es inadmisible dentro del derecho colombiano, posición compartida por varios congresistas, incluso dentro del Partido Verde.
En un informe de 38 páginas, la Comisión expone la improcedencia del referendo y de la aplicación de la cadena perpetua en el ordenamiento jurídico-penal del país; uno de los argumentos ya se ha escuchado en los pasillos del Capitolio Nacional desde que se presentó la iniciativa por primera vez y se trata de lo que los expertos han denominado “populismo o demagogia punitiva”.
Para la Comisión, se corren riesgos cuando se legisla emocionalmente y “estas medidas suelen ser bastante populares a nivel de la opinión pública y dan buenos réditos políticos a quienes las defienden, pero no sólo tienen una eficacia limitada y discutible para prevenir los crímenes, sino que pueden agravar muchos de los problemas del sistema penal”.
En respuesta, la senadora Jiménez aseguró que la lucha por la defensa de los derechos de los niños tiene muchos más obstáculos de los que la razón y el corazón señalan como los correctos y calificó como sospechoso el hecho de que justo antes de iniciar el trámite en la Cámara se conozca el concepto.
En carta dirigida a Iván González, presidente de la Comisión, la senadora Jiménez explicó que fue por no existir “un grupo poblacional al que le violen más sus derechos que a los niños” que “miles de colombianos decidimos hace más de 4 años hacer uso de un derecho de participación consagrado en la misma Constitución, para iniciar el comienzo del fin de la pesadilla al permitir esa violencia contra el capital humano y social más importante de cualquier sociedad que pretenda ser viable, sostenible y moralmente correcta”.
“Debo señalar que no es serio, ni riguroso, que un grupo de funcionarios y asesores de tan alto nivel jurídico, se reúnan a analizar un referendo de iniciativa popular y no hayan convocado a quien de acuerdo con la ley ejerce la función de vocera del mismo”, escribió Jiménez, que calificó los conceptos de los juristas integrantes de la Comisión como “una serie de inexactitudes y ligerezas en sus análisis, algunas de ellas irrespetuosas y en otras abrogándose funciones de instituciones que sí tienen responsabilidades directas en el trámite de los referendos”.
La misma semana pasada, consultado por los periodistas, el vicepresidente Angelino Garzón dijo que si hay reparos en el Gobierno con respecto al referendo, se discutirán al interior de éste y que respeta la decisión que tome el Congreso: “Estamos hablando de delitos de lesa humanidad. Por eso el Estado en su conjunto no puede andar con contemplaciones y debe tratarlos como delitos de lesa humanidad”. Contrario a la opinión de los expertos que hablan, como ya se mencionó, de “populismo o demagogia punitiva”, Garzón es partidario de endurecer las penas, porque “los menores de edad no tienen la posibilidad de realizar protestas sociales, marchas o conformar sindicatos”.
Como lo publicó oportunamente EL NUEVO SIGLO, hace un par de semanas Jiménez sostuvo un debate similar con la jerarquía católica, a propósito de unas declaraciones del obispo auxiliar de Bucaramanga, Juan Vicente Córdoba, secretario general de la Conferencia Episcopal de Colombia (CEC), para quien las concedas a los violadores y asesinos de niños deben ser graduales hasta llegar a considerar si es necesario tenerlos encerrados, de por vida, en una cárcel: “Más que una cadena perpetua en una cárcel, tienen que ir primero a un centro psiquiátrico de por vida si es necesario o mientras el tratamiento así lo diga; la cadena perpetua iría más en el sentido de ir a centros de reclusión psiquiátrica hasta que sea necesario”.
“De acuerdo al delito tiene que haber penas graduales en centros psiquiátricos, hasta llegar a la pena perpetua si ya son delitos infinitamente graves, consumados con muchas personas, replicados varias veces y con asesinatos de por medio”, agregó el prelado.
Por supuesto, además del aspecto universal de una medida de este tipo, Córdoba consideró que en ella pueden estar involucrados los sacerdotes involucrados en casos de abuso sexual a niños.
Días antes se había pronunciado sobre el tema el arzobispo de Bogotá, Rubén Salazar, presidente de la CEC.
Salazar afirmó que a lo largo de estos años “hemos prestado especial atención a la angustiosa realidad producida por desórdenes de los clérigos en el campo del abuso de menores y otros atentados contra la consagración total”.
“La Conferencia ha seguido atentamente los casos de procesos penales que se han iniciado en algunas diócesis contra sacerdotes y ha prestado el apoyo y la asesoría necesarios. Seguimos muy atentos a todo lo relacionado con esta realidad que tanto dolor ha producido a la Iglesia”, aseguró.
Como se recordará, recientemente el papa Joseph Ratzinger (Benedicto XVI) instruyó a la jerarquía católica a poner estos casos en conocimiento de la justicia penal.
EL DESPLAZAMIENTO FORZADO SE MANTIENE: ROMERO
A pesar de que la intensidad del conflicto ha disminuido en algunas regiones, persisten las causas del desarraigo de la población.
El accionar de las bandas criminales y los combates entre el Estado y las guerrillas son las principales causas de que persista durante este Gobierno el desplazamiento forzado, según la Consultoría para los Derechos Humanos y el Desplazamiento (Codhes).
El año anterior fueron desarraigadas 89 mil personas, según cifras de Acción Social de la Presidencia de la República; mientras que para el Codhes fueron 240 mil ciudadanos.
EL NUEVO SIGLO: ¿Desde las mediciones que hace el Codhes, durante el actual Gobierno ha disminuido el desplazamiento forzado o se mantiene?
MARCOS ROMERO: Nosotros creemos que el tema del desplazamiento en general tiende a seguir igual a los últimos años, es decir, se produjo una desmovilización parcial de los paramilitares, pero eso dejó un mapa de conflicto muy claro en el cual los enfrentamientos entre Estado y guerrillas están concentrados en las zonas de más alta montaña, en las zonas de la selva amazónica, en el departamento del Cauca, en los poblamientos indígenas, en todo el corredor Pacífico.
Y en las zonas de presencia paramilitar ocurre lo que ha denunciado la gobernadora de Córdoba, Marta Sáenz, que es el asesinato selectivo, pero masivo, a manos de lo que se llama las bandas criminales, que son los herederos de los grupos paramilitares.
Entonces en general estas dos dinámicas de presencia paramilitar, de conflicto con la guerrilla siguen generando contingentes de desplazados. El asunto obviamente tiene una configuración territorial que va cambiando, en algunas regiones se tiende a incrementar el conflicto, por lo tanto el desplazamiento, como lo que ocurre ahora en el Cauca, lo que ocurre siempre en Nariño, en el Pacífico, en otras regiones de Colombia en una presencia más de comandos de estos grupos paramilitares; y en otras zonas no hay una intensidad del conflicto como la que había en otra época, por ejemplo, en los montes de María ya no hay los enfrentamientos que se vivían en otra época, pero eso no quiere decir que no se mantenga latente el riesgo del desplazamiento.
ENS: ¿De tiempo atrás no coinciden las cifras sobre desplazamiento que presenta el Gobierno con la de ONG como Codhes, esto también se da con la administración Santos?
MR: El tema de cifras sigue siendo manejado por Acción Social, y el año pasado tuvimos la misma disputa de todos los años en el sentido de que Acción Social presenta un informe provisional como definitivo, pero al final van acumulando los datos porque la gente se sigue registrando, sigue llegando a las personerías, al Gobierno a registrarse con posterioridad a los hechos del desplazamiento, a veces con buen espacio de tiempo, a veces tres meses, a veces las mismas personerías no tienen la capacidad de tramitar las declaraciones, entonces el dato final se acumula pero el Gobierno siempre presenta a fin de año un balance con una cifra un poco parcial, una cifra que no cuenta de la realidad integral del tema, que al final del día casi siempre las cifras de ellos y las nuestras terminan coincidiendo .
LEY DE VÍCTIMAS
El Codhes espera que ahora que la Ley de Víctimas ordena “una construcción de un sistema un poco más sofisticado ya no solo de desplazados sino del universo de víctimas, pues que el nuevo Gobierno sea un poco más técnico y dispuesto a reconocer todas las víctimas”, dijo Romero.
El alto Tribunal declaró inexequible el decreto que disponía que el órgano de control fiscalizara el Fondo de Bienestar Social, adscrito al mismo.
Por ir en contra de un control independiente y autónomo, la Corte Constitucional tumbó el decreto que le otorgaba a la Contraloría General de la República la facultad de fiscalizar sus propios recursos, a través del Fondo de Bienestar Social.
El exauditor general Iván Darío Gómez, quien demandó la disposición, había sostenido que “al estar el fondo dirigido por funcionarios de la Contraloría, y entre ellos por el propio Contralor General, no es razonable ni jurídico, desde el punto de vista constitucional y, en especial, de los principios básicos del control fiscal, que el control fiscal sobre dicho fondo sea ejercido por la Contraloría General”.
Por su parte, en su concepto, el procurador Alejandro Ordóñez le había solicitado a la Corte Constitucional declarar inexequible el decreto, bajo el argumento de que “esta situación de autocontrol, genera un claro conflicto de intereses y puede generar situaciones contrarias a los principios de eficiencia, equidad, economía, transparencia y moralidad, que deben caracterizar l control fiscal”.
Pues bien, la alta Corte acogió los argumentos esgrimidos, y primero encontró que el fondo acusado, es un ente con personería jurídica, autonomía administrativa y presupuesto propio, “adscrita” a la Contraloría General, entre cuyos objetivos está la contribución, desarrollo y administración de aspectos y materias tales como la salud, educación, vivienda, planes de crédito, cesantías de los empleados de la Contraloría, y la administración del colegio y el centro médico de este órgano de control. Según el alto Tribunal el patrimonio del Fondo está conformado por las apropiaciones asignadas del Presupuesto General de la Nación, especialmente, por el aporte del dos por ciento del presupuesto de la Contraloría, sumado a que la Junta Directiva del Fondo tiene asiento el Contralor General de la República.
De esta forma, para la Corte es claro que “el Fondo de Bienestar Social creado por el artículo 89 de la Ley 106 de 1993, como una entidad adscrita a la Contraloría General de la República, tiene una relación inescindible, de subordinación y dependencia con la Contraloría General. Por consiguiente, la vigilancia y control sobre ese Fondo no debe estar en cabeza de la Contraloría General, sino que tendría que realizarse por parte del mismo organismo de control que tiene a su cargo por expreso mandato constitucional, el ejercicio de la vigilancia y control fiscal respecto de la Contraloría General de la República”.
La Corte expuso que esta situación crea un claro impedimento para que sea la misma Contraloría quien ejerza la vigilancia del fondo.
“Es evidente que si la gestión fiscal de los recursos del Fondo de Bienestar Social es de competencia directa de la Contraloría General de la República, existe un impedimento para que sea el mismo organismo de control quien ejerza la vigilancia fiscal sobre estos recursos, pues se convierte en juez y parte”.
Con fundamento en lo anterior, la Corte concluyó que el artículo 81 del Decreto ley 267 de 2000 es inconstitucional, toda vez que el control fiscal del Fondo de Bienestar Social de la Contraloría General de la República, no puede estar en cabeza de la misma Contraloría, afectando los principios básicos de un control fiscal técnico, autónomo e independiente, como lo establecen los artículos 267 a 274 de la Constitución.
“Habida cuenta que de conformidad con el artículo 274 superior, la Auditoría General de la República, es el órgano de control externo, independiente y autónomo, encargado de la vigilancia fiscal y de resultados de la Contraloría General de la República, la inconstitucionalidad del precepto acusado no genera ningún vacío normativo, pues es claro que es el organismo que debe continuar adelantando el control fiscal del Fondo de Bienestar Social, dado su carácter adscrito y por ende, la subordinación y dependencia jurídica, patrimonial, presupuestal y estructural de la Contraloría General”, expuso el Tribunal Constitucional.